La vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal anunció que la Ciudad apelará el fallo mediante el cual se suspendió el primer aborto no punible que iba a realizarse este martes. Por otra parte, legisladoras y comuneras de la oposición denunciarán a Mauricio Macri por violar la Ley de Protección de Datos Personales.
El Gobierno porteño apelará en las próximas horas el fallo de primera instancia que impidió la realización del primer aborto no punible en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La presentación judicial estará cargo del procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien junto a la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, anunciaron la decisión mediante una conferencia de prensa.
De esta forma la Ciudad apelará el fallo de la jueza Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, quien autorizó un recurso contra la interrupción del embarazo en una mujer de 32 años presentado por la agrupación católica Pro-Vida. El Gobierno de la Ciudad no quiere impedir que se realicen los abortos sino que se practiquen de acuerdo a la resolución ministerial que los reglamentó.
Vidal afirmó: "Creemos que el fallo del día de hoy no está alineado con el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible. La Ciudad tiene la responsabilidad de cumplir con el fallo de la Corte y actuar en virtud del Protocolo del Ministerio de Salud".
Por otra parte, legisladoras y comuneras de partidos de la oposición al Gobierno porteño presentarán este miércoles una serie de denuncias contra el jefe de Gobierno Mauricio Macri, por la suspensión del primer aborto no punible.
Por otra parte, legisladoras y comuneras de partidos de la oposición al Gobierno porteño presentarán este miércoles una serie de denuncias contra el jefe de Gobierno Mauricio Macri, por la suspensión del primer aborto no punible.
La profesional es dirigente del movimiento de Mujeres de Nuevo Encuentro (NE) y anticipó que ya sumaron sus firmas a la presentación judicial la legisladora de ese partido Gabriela Cerruti, Gabriela Alegre (FpV), y las comuneras Julieta Costa Díaz (Partido Socialista Auténtico) y María Suárez de NE.
"Durante el día vamos a seguir sumando firmas para que todo el arco opositor se sume a las denuncias", agregó Alonso.
En ese sentido, la obligación legal de guardar estricta reserva respecto de las prácticas médicas para garantizar su realización, fueron reafirmadas por la Defensoría del Pueblo porteña, en una nota enviada al hospital Ramos Mejía, donde un amparo judicial impidió realizar el primer aborto no punible en la Ciudad.
Eduardo Peduto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría firmó la misiva dirigida al director del hospital, Carlos Arturo Mercau, donde le pidió que "en el futuro, espero, adopte los recaudos necesarios para impedir la repetición de situaciones como la observada hoy".
El funcionario sentó, así, la posición del organismo ante la suspensión del primer aborto no punible en la Ciudad, el cual no se realizó por orden judicial a raíz de una presentación de una ONG, práctica que fue anticipada, con día y lugar, por el Gobierno porteño la semana pasada.
"La ley de protección de datos personales local considera toda la información referente a la salud como un dato sensible que requiere de la máxima protección", recordó Peduto al director del hospital, citando artículos de la norma 1.845.
Esta legislación es la que protege los datos personales y, en un apartado, habla del secreto profesional que deben guardar los médicos, el cual "no fue cumplido debidamente", afirmó el representante de la Defensoría.
"El secreto profesional es un instituto central que tiene por objetivo la confidencialidad de la información. Se aplica a cualquier tipo de divulgación, por cualquier medio o forma, aun al caso en que se divulgue a una sola persona", agregó.
También recordó que la ley básica de salud 153 establece "la obligación de guardar intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con el proceso salud-enfermedad".
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