No es un viernes más. El juez Claudio Bonadío procesó con prisión preventiva al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime por un caso de corrupción. Y por eso ordenó su captura a la Policía Federal para que detengan inmediatamente a quien fuera un hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner y que estuvo en su cargo desde 2003 hasta 2009.
Jaime, el primer funcionario del kirchnerismo en ir a la cárcel, fue procesado por una defraudación contra las arcas públicas por dos millones de pesos.
Por una carta firmada por Jaime y dirigida al presidente de la empresa SOESA que administraba el ferrocarril Belgrano Cargas, se pagaron dos millones de pesos de más por una obra pública. La empresa Luis Carlos Zonis hizo una obra en el tendido de vías entre Tucumán y Concepción. El costo fue de ocho millones de pesos y, a partir de la misiva que envió Jaime, el monto que finalmente pagó el Estado fue de más de diez millones de pesos. Por eso fue procesado Jaime junto al sindicalista José Pedraza, la esposa de éste Graciela Coria, Ángel Stafforini, el presidente de SOESA Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero.
El Belgrano Cargas era presidido por Coria -en nombre de La Unión Ferroviaria- y administrado por SOESA, integrada por varias operadoras ferroviarias. Stafforini era el vice del Belgrano Cargas y Ochoa Romero fue quien autorizó la realización de la obra y quien avaló el aumento no justificado de los costos.
El fiscal del caso Guillermo Marijuán había pedido que Bonadío certificara todas las causas que Jaime tiene en la Justicia federal. Y la compulsa arrojó una veintena de casos.
La decisión de Bonadío de detener a Jaime se basa en la cantidad de causas abiertas que tiene el funcionario, varias de ellas elevadas a juicio oral y público. Jaime debe ir a juicio porque empresarios del transporte le pagaban viajes en taxis aéreos para que fuera a pasear lejos de Buenos Aires. Otra causa que lo compromete es porque el dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, que obtuvo una concesión bajo la órbita de Jaime, pagaba el alquiler de su departamento. El tercer juicio comenzará el 30 de julio en Córdoba porque Jaime intentó robarse pruebas de un allanamiento correspondiente a la causa por enriquecimiento ilícito en la que un peritaje determinó que no puede justificar sus bienes.
Tal vez la más grave de las acusaciones en su contra es la que lo llevará a sentarse en el banquillo de los acusados por la Tragedia de Once. Bonadío lo procesó, la Cámara Federal confirmó ese procesamiento y el Tribunal Oral Federal 2 se apresta a iniciar el juicio. Jaime junto a su sucesor en el cargo, Juan Pablo Schiavi, entre otros, deberán responder por los cargos de no haber controlado el modo en que se administraban los millonarios fondos estatales destinados a la explotación del Ferrocarril Sarmiento.
Con esa cantidad de expedientes en las puertas del juicio oral y con, además, unos quince procesos abiertos por casos de corrupción, el juez Bonadío consideró que existe peligro de fuga de Jaime y de entorpecimiento de las investigaciones en trámite. Y por eso ordenó detenerlo.
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