Este lunes la jueza del Trabajo Número 9, Lilia Funes Montes, dispuso suspender la aplicación de la Disposición 40, que establecía que "los delegados de una dependencia pública que quieran hacer asamblea deben avisar a la autoridad al menos 72 horas antes e incluso ésta evaluará si la asamblea se hace dentro o fuera del horario laboral".
La jueza del Trabajo Número 9, Lilia Funes Montes, dispuso suspender la aplicación de la medida dispuesta por la administración del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que regulaba la realización de asambleas gremiales en los lugares de trabajo.
La medida establece que "los delegados de una dependencia pública que quieran hacer asamblea deben avisar a la autoridad al menos 72 horas antes e incluso ésta evaluará si la asamblea se hace dentro o fuera del horario laboral".
Así lo informó el secretario Progremial de ATE Capital, Alejandro Gianni, quien puso de relieve la decisión de la magistrada, al sostener que se trataba de una medida "de corte neoliberal donde se está pensando el achique del Estado, donde los trabajadores no tengan representación alguna".
"Era una medida fascista dispuesta por el gobierno de Macri", afirmó Gianni, quien recordó que la decisión de la justicia responde a una presentación realizada por ATE, que pedía suspender la aplicación de la medida dispuesta por el Gobierno de Macri.
Al respecto el diputado porteño Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur) indicó: "la Justicia nos dio la razón, tal como lo planteamos en la sesión de la Legislatura del jueves pasado. La disposición es inconstitucional y busca destruir una conquista histórica como es el derecho de asamblea. No había que acotarla, sino directamente rechazarla".
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