Se realizó la presentación oficial del Proyecto de Ley de Cupo Laboral para Personas Liberadas de autoría de la legisladora porteña María Rachid, cuyo objetivo es garantizar la inclusión laboral y acceso al empleo de personas liberadas a partir de su incorporación al mercado laboral formal público y privado.
Durante una conferencia en la Sala de Prensa de la Legislatura porteña, se realizó la presentación oficial del Proyecto de Ley de Cupo Laboral para Personas Liberadas de autoría de la legisladora María Rachid, cuyo objetivo es garantizar la inclusión laboral y acceso al empleo de personas liberadas a partir de su incorporación al mercado laboral formal público y privado.
La intención de la ley propuesta por la diputada Rachid parte de la realidad de que la prisión, en general, no cumple con su rol de "readaptación" ni brinda herramientas al futuro liberado para reinsertarse en su vida social y laboral en la que, al contrario, es estigmatizado. Esto surge de diversos índices informados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su informe anual, y también por el INADI en su mapa de discriminación, que dejan expuestos los prejuicios que en el imaginario colectivo persisten respecto a una persona por el sólo hecho de haber estado encerrada. De esta manera, el mercado laboral excluye, la familia reprocha, los amigos se alejan, la sociedad discrimina, las oportunidades se ocultan y la reincidencia en delitos aparece a veces como única vía posible de subsistencia económica individual y familiar.
"Mediante el Proyecto de Ley anunciado, se pretende revertir la situación de vulnerabilidad en la que, generalmente, las personas prisionizadas se encontraban antes de cometer el primer delito. Es así que se promueve un cupo del 3% para que puedan acceder a un empleo las personas liberadas, en el ámbito de la Administración Pública, empresas adjudicatarias de licitaciones de obras y servicios públicos y otros poderes. También se prevé un régimen de incentivos impositivos para quienes empleen a las personas liberadas en el ámbito privado", señala el comunicado enviado a adnciudad.com.
En la conferencia, junto a la Legisladora y Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, estuvieron presentes el Dr. Mariano Fusero, integrante del equipo jurídico de la Mesa por la Igualdad; Lidia Pérez, referente del Frente de Personas Privadas de la Libertad y Liberados del Movimiento Evita; Víctor Hortel, Director del Servicio Penitenciario Federal (SPF); la Lic. Liliana Cucut, Coordinadora Proyecto Ave Fénix de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; la Dra. Elsa Porta, ex Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral y docente de posgrado de Derecho Laboral en la UBA; y el Dr. Ramiro Gual, representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación. También asistieron los estudiantes universitarios de Ezeiza, Emiliano Fleitas, Hernán Corvalan y Miguel Ledesma.
En este sentido, Rachid expresó: "Presentamos este Proyecto con la decisión de promover la inclusión laboral de personas liberadas, entendiendo que no hay inclusión posible sin trabajo. Muchas personas con la expectativa de conseguir trabajo, muchas veces se encuentran con la negativa de los/as empleadores/as por su mero paso por el encierro, lo que a su vez genera mayor vulnerabilidad de las mismas". Y concluyó: "La posibilidad de inclusión social de las personas que cometieron delitos, es sólo una ilusión si no se remueven ciertos obstáculos, uno de los cuales lo constituye la realidad que predomina sobre quienes deben cargar con el estigma del antecedente penal. Es por eso que este Proyecto de Ley representa un primer paso para revertir esta realidad y eliminar obstáculos de cualquier orden que limiten el trato laboral igualitario."
Por su parte, la Dra. Elsa Porta, ex Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral y docente de posgrado de Derecho Laboral en la UBA, manifestó: "Este Proyecto de Ley es altamente positivo porque propicia la integración de las personas que han sido privadas de la libertad, y es una manera de mejorar también la seguridad ciudadana. Sólo una sociedad inclusiva es la mejor apuesta para tener mayor seguridad, y no hay inclusión social sin trabajo ni educación. Las personas que pasaron por la cárcel tienen derecho a una segunda oportunidad y un trabajo digno que les garantice un modo de vida sustentable".
También, la Lic. Liliana Cucut, Coordinadora Proyecto Ave Fénix de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sostuvo: "El Proyecto de inclusión laboral es fundamental para poder acompañar los procesos que se vienen dando con las personas detenidas. Hay muchas organizaciones que estamos trabajando desde adentro, ya que al momento de la salida de los liberados hay un vacío que es necesario acompañar con políticas públicas para que todo el trabajo que se hizo intramuros no fracase en el afuera. La idea es que este proyecto, en principio, nos permita un debate para empezar a resolver las dificultades que se presentan hoy en día".
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