La norma que se tratará en la Legislatura propone declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre próximo en toda la administración del Estado de la Ciudad, incluyendo sus tres poderes, las comunas, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación mayoritaria de la CABA.
Por esa ley se procura darle al Poder Ejecutivo la facultad de incrementar los gastos corrientes para reforzar prioritariamente las acciones de prevención de la pandemia de coronavirus y, a tal efecto, reasignar partidas presupuestarias, suspender la aplicación de algunos programas no esenciales en el marco de la crisis, impedir nuevas designaciones, rescindir o modificar contratos y convenios y evitar la incorporación de personal, excepto en que fuera necesario para atender la salud público o imprescindible para el cumplimiento de servicios eseniales.
Para los contribuyentes habrá bonificaciones y descuentos así como planes que incentiven el pago anticipado de gravámenes a cambio de crédito fiscal. Y quedarán transitoriamente pospuestas las ejecuciones fiscales, embargos o inhibiciones, atento a la situación emergente.
Funcionarios de la Jefatura de Gobierno cuantificaron en unos 80 mil millones de pesos la merma en la recaudación impositiva anual, en relación con lo presupuestado.
Por tal situación, también se proyecta revisar todas las obras en ejecución, en proceso, trámite o previstas, las locaciones de servicios, concesiones, permisos,contratos o convenios.
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