La norma fue aprobada por unanimidad, con 50 votos positivos, y el proyecto fue presentado por el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI). Tiene como objetivo que los indicadores “puedan utilizarse en las evaluaciones de derechos humanos y sirvan para impulsar la aplicación y el ejercicio efectivo de los mismos”.
“Los indicadores de derechos humanos pueden ser entendidos como la información utilizada para medir el grado en que un derecho legal está siendo ejercido o satisfecho en un contexto determinado”, agregan los fundamentos.
Ferraro explicó que “la necesidad de evaluar las políticas públicas para impulsar la realización de los derechos humanos atiende sobre todo a una lógica de prevención de violaciones a los derechos humanos y se justifica ampliamente en tanto que su objetivo es el de transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que son factores que favorecen las violaciones a los derechos humanos, así como atender las problemáticas de derechos humanos en sus causas y no sólo en sus efectos”.
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