AL MENOS ONCE MUERTOS POR EL TEMPORAL EN LA CIUDAD

Luego de la fuerte tormenta y las ráfagas de viento, que anoche alcanzaron los cien kilómetros por hora, en la ciudad de Buenos Aires, el oeste y el sur del conurbano, al menos once personas murieron, más de 20 resultaron heridas y cerca de 500 debieron ser evacuadas de sus viviendas. Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provinciaal de Emergencias, dijo que "el gobierno de la provincia está trabajando en esta emergencia bajo directivas del gobernador, Daniel Scioli". Además, detalló que "se trabaja en restablecer el servicio eléctrico y el suministro de agua, también afectado por esos cortes de luz debido a la caída de postes".

El ministro de Ambiente y Espacios Públicos porteño Diego Santilli, reportó la existencia de tres muertos en el distrito, quienes "fallecieron por las heridas recibidas por la caída del techo de su vivienda de la Villa 21 en el barrio porteño de Barracas". Otras siete personas murieron en la provincia de Buenos Aires a raíz del fuerte temporal.

Por su parte, el director de Defensa Civil de Avellaneda, Juan Santos, informó que "esta mañana gran parte de la población de Avellaneda, aproximadamente un 70 por ciento, se encuentra sin energía eléctrica" y que "otro tanto ocurre en los partidos de Quilmes y Lanús".

Sergio Jalfin, pronosticador del SMN destacó que anoche “las ráfagas superaron fácilmente los cien kilómetros por hora en las zonas oeste y sur del conurbano, y en la ciudad de Buenos Aires llegaron a los cien kilómetros: eso causó la caída de postes de luz, árboles, y hubo también techos de casas seriamente afectados. Hasta las 21, el agua caída llegaba a los 44 milímetros en nuestra estación de Villa Ortúzar; en Aeroparque no superó los 21 milímetros. También hay reporte de granizo, de dos y tres centímetros de diámetro, en varios barrios porteños y en zonas del conurbano. Hubo también muy fuerte actividad eléctrica.”

Según explicó el pronosticador del SMN, “se trató en realidad de una línea de tormentas severas: las imágenes de radar y satélite muestran, no una, sino varias tormentas avanzando alineadas desde el centro de la provincia de Buenos Aires hacia el oeste, para alcanzar el área metropolitana hacia las 20 horas”. Anoche, el SMN preveía “lluvias y algunas tormentas, aisladas y de menor intensidad, que irán perdiendo fuerza en la madrugada, cuando las condiciones mejorarán definitivamente”.

Ajuste para el ajuste

El ministro ratificó el cierre de cursos, resistido por la comunidad educativa, pero redujo la cantidad de 221 a 96. Advierten que los cierres continuarán en 2013.

Después de un mes de conflicto, con petitorios y movilizaciones de la comunidad educativa, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ratificó el cierre de cursos en escuelas porteñas, pero redujo la cantidad a cerrar a menos de la mitad: de los 221 anunciados en un principio, se “fusionarán” 96 cursos de escuelas de gestión estatal, informaron anoche fuentes del ministerio. La información no da detalle de cuántos cursos de cada nivel se verán afectados: “Recién se conocerá el lunes 9, cuando se hagan efectivas las integraciones”, informó un vocero. La misma fuente adelantó que los cierres continuarán en 2013. Para el martes está prevista la presencia de Bullrich en la Legislatura, para dar explicaciones sobre la medida.

El ministro se había comprometido con los gremios a reconsiderar los cierres o “fusiones”, como las denominan en esa cartera, después de analizar la matrícula de inscriptos y de alumnos que efectivamente cursan, y a dar a conocer la cifra final el martes 3 del corriente. Pero la información recién se hizo pública ayer a última hora y en forma incompleta.

En efecto, cuando el 29 de febrero el Ministerio de Educación dio a conocer la Resolución 15, firmada por el director de Educación de Gestión Pública, Maximiliano Gulmanelli, detallaba uno por uno cuáles eran los cursos a cerrar: 144 en escuelas primarias, 52 en media y 25 en la educación técnica. Pero ahora no se informó a qué niveles pertenecen los 96 cursos “integrados”. Sí se explicó que la medida contempla la fusión de cursos de menos de 15 alumnos, integrándose en las aulas un máximo de 27 en lugar de 30 que inicialmente preveía la medida.

El ministerio informó, además, que se abrirán 228 secciones (salas, grados y cursos): 134 en el nivel inicial, 13 en el nivel medio, cinco en el nivel técnico, 69 en educación especial y siete en adultos y adolescentes. Es decir, ninguno en el nivel primario.

Bullrich manifestó que “la medida responde a un fin netamente pedagógico” y aseguró que “ningún docente se va a quedar sin su fuente de trabajo”. Admitió que en el sur de la ciudad, “es necesario contar con más docentes” y en función de ese dato anunció que a partir del lunes deberán crearse “nuevas secciones y cursos por desdoblamiento: seis en nivel primario, seis en media y 12 en técnica”. También dijo que se incorporará “un segundo maestro en siete secciones de primaria por tener más de 35 alumnos”. Y que “se están construyendo 16 edificios escolares, de los cuales tres ya se han inaugurado y el resto lo será durante este año”.

“La máxima sanción prevista”

El ministro de Planificación dijo que la empresa del Grupo Telefónica será severamente castigada. Las asociaciones de consumidores pidieron una multa de 167 millones de pesos. Movistar anunció un esquema de compensaciones a los usuarios.

“Por la magnitud de la interrupción del servicio que sufrieron los usuarios de Telefónica corresponde aplicar la máxima sanción prevista”, afirmó ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido. Fue minutos antes de la conferencia de prensa que dieron el secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, y el interventor de la CNC, Ceferino Namuncurá, quienes adelantaron que multarán a Movistar, empresa del grupo Telefónica, que el lunes pasado dejó sin servicio a 16,7 millones de usuarios. Las asociaciones de consumidores, que estuvieron reunidas ayer con los funcionarios del área, recomendaron aplicar una multa de 10 pesos por cada persona afectada, es decir, una sanción total de 167 millones de pesos. Movistar comunicó que bonificará un día en el abono de sus clientes, entre otras compensaciones. Además, se comprometió a dar un informe de lo ocurrido para el próximo lunes.

Nos preocupa sobremanera lo que ha sucedido ayer, porque es un servicio masivo y se están implementando nuevas herramientas como la portabilidad, por lo que entendemos que la empresa tiene que ponerse más firme en cuanto a inversiones y cuestiones tecnológicas para dar un servicio de excelencia”, afirmó Namuncurá. Este diagnóstico está en línea con lo expresado por el titular de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra-Buenos Aires), Osvaldo Iadarola, quien sostuvo que la “elevadísima rentabilidad le permite tener programas de contingencia para que no ocurran esas situaciones”. Según el balance presentado por Telefónica de España, Movistar finalizó el ejercicio 2011 con ingresos por 318 millones de euros.

La CNC abrió un sumario para determinar las causas que originaron la falla que dejó sin comunicaciones móviles a más de 16 millones de usuarios durante siete horas. No bien empezaron a detectarse los primeros reclamos, el Ministerio de Planificación aclaró que el problema en la red “era interno de la compañía”. Movistar informó que la falla estuvo en el sistema de señalización, compuesto por cuatro nodos, que es el que permite la interconexión de las líneas.

La compañía de capitales españoles deberá informar el próximo lunes los motivos que llevaron a la caída total del sistema. Según la consultora especializada en telecomunicaciones, Convergencia, “las redes móviles pueden caerse debido a algún problema de software, por ataques informáticos, saturación de la red o por un ajuste técnico en el software de señalización”. Lo curioso es que hayan colapsado los cuatro nodos y el sistema de backup.

MACRI NO ATIENDE EL TELÉFONO

María Eugenia Vidal descartó retomar las negociaciones para el traspaso del subte. Dijo que si no hay diálogo entre Macri y la Presidenta, el tema se dirimirá en la Justicia.

La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, salió ayer a rechazar el pedido del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, para que Mauricio Macri designe a un representante que retome las negociaciones por el traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires. “Valoro que haya actitud de diálogo, pero no es ésta la convocatoria que estamos esperando”, dijo Vidal, en tono conciliador. Sin embargo, advirtió que si no hay una reunión entre Macri y Cristina Fernández seguirán el conflicto por el camino judicial. Otros referentes del PRO se mostraron furiosos por el planteo de Ramos: “Si la Presidenta puede atender a Lola Ponce en 48 horas, es una vergüenza que no se reúna con Mauricio, que le viene pidiendo una reunión hace meses”, sentenció el dirigente macrista.

La conferencia de prensa de Ramos no movió ni un milímetro la postura planteada por Macri la semana pasada. En su presentación, Ramos reveló los reiterados pedidos al Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad para reiniciar las conversaciones, luego de la sanción de la ley en el Congreso nacional. Además, desmintió las denuncias de “falta de diálogo” y detalló que desde el Ejecutivo nacional venían comunicándose con Juan Pablo Piccardo, a cargo de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

“Lo que hay que resolver sobre el traspaso del subte no es una cuestión técnica, sino política, que debe acordarse entre quienes fueron elegidos por la gente: la Presidenta de la Nación y el jefe de Gobierno”, insistió ayer Vidal, en sintonía con el planteo hecho por Macri la semana pasada. Además, la vicejefa buscó dejar de lado la ley aprobada por el Congreso y reiteró que se debe acordar “un traspaso como marca la Constitución nacional, con recursos que garanticen que la gente viaje mejor y con la aprobación de la Legislatura porteña”. En verdad, el procurador adjunto de la Ciudad, Carlos Tambussi, argumentó a principios de enero en favor del aumento del 127 por ciento de la tarifa que dispuso Macri que no hacía falta intervención de la Legislatura, ya que “no hay un acto nuevo o extraño que pueda resultar violatorio a la disposición constitucional”.

En la misma línea, un alto funcionario porteño señaló que “Ramos debería saber que la Legislatura también votó una ley y una declaración que ratifica que el traspaso solo debe hacerse con recursos y tras la aceptación parlamentaria de esa transferencia”. Lo cierto es que los legisladores aprobaron la semana pasada un proyecto de declaración, y no de ley, en el que se reclama el envío del acta-acuerdo a la Legislatura, se ratifica en que todo traspaso de competencias debe realizarse con recursos y que para su validez debe ser tratado por el Parlamento porteño. La única ley sancionada a nivel local por este tema es del 2000, cuando se facultó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos, “a realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y control de dicho contrato a favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

Un freno a las represalias

Un proyecto de legisladores porteños busca evitar que las autoridades de colegios privados en la ciudad usen a los alumnos como medio para que sus padres paguen cuotas atrasadas. La iniciativa establece la confidencialidad sobre la información de morosos.

Legisladores porteños presentaron un proyecto para evitar que los chicos sean utilizados por instituciones de educación privada como un medio para perseguir el cobro de deudas de los adultos responsables. Así pasó en el Jardín El Abuelito, de González Catán, en diciembre del año pasado, cuando los directivos retuvieron material e insignias a los alumnos cuyos padres no tuvieran las cuotas al día. Ahora, la situación se repitió en un colegio de Tigre, donde una treintena de escolares fueron separados de sus compañeros y retenidos en un aula por varias horas, como castigo por la falta de pago.

“La idea surgió hace varios meses, cuando vimos distintos casos de discriminación en medidas que iban desde retenerle documentación a un chico, retarlo, expulsarlos a mitad de año o retenerlos en un aula, como pasó en una escuela de El Talar, de Tigre. Nos preocupa esta situación y nos parece importante prevenir que se den estos casos que implican sanciones en los chicos cuando hay un incumplimiento de los adultos”, explicó la diputada porteña que impulsó el proyecto, María Rachid.

Si bien los casos de El Abuelito y El Talar, los más mediatizados de los últimos meses, ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, la ex vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) explicó que en ese ámbito constató que en la Ciudad de Buenos Aires la modalidad se repite. “No son conocidas, pero las denuncias de discriminación en colegios privados producto del atraso en los chicos caían a centenares.”

El caso de El Abuelito obró de motor para los legisladores porteños del Frente para la Victoria María Rachid y Tito Nenna, autores del proyecto de ley. “Si bien esos sucesos son ajenos a nuestra jurisdicción, nos brindan la posibilidad de revisar la normativa local par hacer un examen crítico y verificar que nuestra legislación contenga los elementos necesarios para poder prevenir acontecimientos similares”, argumentan en el texto.

La Ley 400 de la Ciudad “prohíbe retener documentación oficial de alumnos, como certificados de regularidad, y determina que no se puede excluir de las clases, pero no habla de otros tratos, como por ejemplo de que se los prive de una excursión, o que no se les entregue una medalla”, explica a este diario Martín Muñez, abogado redactor del proyecto que cuenta con las firmas de todo el bloque del FpV, de María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular), el peronista Claudio Palmeyro, Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

La iniciativa busca modificar la ley 400 para que se disponga la confidencialidad del estado de deuda, es decir que se establecerá que será información manejada sólo por personal administrativo y la exposición de esos datos quedará prohibida. Ningún docente, directivo o personal de la institución podría llamar al alumno “deudor” y, mucho menos, aplicarle sanciones por ello.

FALLECIÓ EDUARDO LUIS DUHALDE

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, falleció este martes a los 72 años, en la ciudad de Buenos Aires. Abogado, historiador, periodista y férreo defensor de los derechos humanos, había sido designado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 y ratificado por Cristina Fernández en 2007 y 2011.

Su trayectoria como defensor de presos políticos junto a su socio Rodolfo Ortega Peña -asesinado por la Triple A en 1974- lo vinculó por décadas al movimiento de derechos humanos.

Con Ortega Peña y los abogados Rodolfo Mattarollo, Carlos González Gartland, Miguel Radrizzani Goñi y Pedro Galín, asumió la defensa de los 19 presos políticos que en 1972 se fugaron de la cárcel de Trelew y que días después, fueron fusilados por la dictadura militar encabezada por Alejandro Agustín Lanusse, en lo que se conoció como la Masacre de Trelew.

En 1976, al comienzo de la dictadura cívico militar, un acta institucional de la Junta Militar le privó de sus derechos civiles y políticos y dispuso la incautación de sus bienes y su captura.

Exiliado a fines de 1976 en España, fue uno de los organizadores de las denuncias internacionales contra el terrorismo de Estado en la Argentina con su participación en la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADU), que recibía en el exterior denuncias sobre los secuestros y desapariciones que ocurrían en el país.

Nacido en Buenos Aires en 1939, estudió y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como historiador, docente y periodista.

Hasta marzo de 2003, se desempeñó como Juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, y dejó el cargo al ser convocado para asumir en la Secretaría de Derechos Humanos.

Fue consultor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y  Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

En diversas universidades argentinas y extranjeras se desempeñó como profesor titular de materias de derecho, historia y política.

También fue miembro de instituciones académicas argentinas y de América Latina y Europa, como de organismos de derechos humanos del país e internacionales.

Fue autor de 24 libros entre ellos, "El Estado terrorista argentino", "Contra Mitre los intelectuales y el Poder: de Caseros al 80", y escribió más de 200 trabajos relacionados con la historia de la Argentina.

En el plano internacional, integró diversas misiones de paz al África, y en América Latina a El Salvador, Chiapas (México), Nicaragua, Perú y Colombia, en sus zonas de conflicto.

Recibió varias distinciones, entre ellas el Premio Internacional al Periodismo otorgado por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España en 1990, por su lucha en defensa de los derechos fundamentales del ser humano.

El 15 de febrero último fue sometido a una intervención quirúrgica en el Sanatorio de la Providencia por un "aneurisma de la aorta abdominal".

Días antes, el 10 de febrero, en su última actividad oficial, hizo pública su solidaridad con el ex juez Baltasar Garzón, a través de una carta en la que  cuestionaba  duramente a la justicia de España por haberlo destituido, impidiendo que avancen las investigaciones sobre los crímenes del franquismo.

UN PASO RUMBO A LA DESPENALIZACIÓN

El senador recogió el informe de una comisión de expertos que trabajó durante cuatro años. La iniciativa busca despenalizar la adquisición, tenencia y cultivo de drogas para consumo personal. También toma en cuenta el fallo de la Corte sobre el tema.

El senador Aníbal Fernández presentó ayer su proyecto para despenalizar la adquisición, tenencia y cultivo de drogas para consumo personal, en sintonía con el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotráfico”, explicó Fernández durante la exposición de los motivos del proyecto en el Salón Arturo Illia del Senado. Se trata de una ley nueva y no de una derogación de algunos puntos de la anterior, como los proyectos presentados por diputados de varios bloques en el Congreso. La actual legislación, evaluó el senador, “formó parte del fracaso de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados con el tráfico ilícito de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los más débiles”.

El proyecto mantiene la potestad de los jueces federales para dictaminar que se trata de tenencia de drogas para uso personal “cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera que están destinadas al consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros”. Esto vale para todas las sustancias ilegales, ya que el fallo Arriola, emitido en agosto de 2009, se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional sobre la impunibilidad de los actos privados, que no afectan a terceros.

“El que tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión”, indica el artículo 5 del proyecto, que de esta forma mantiene la figura intermedia de “tenencia simple” de la actual Ley 23.737, aunque baja la pena máxima, que era de seis años, y lo convierte en un delito excarcelable. Por otra parte se declara “no punible” la tenencia y uso de hojas de coca en su estado natural, “destinada a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión”.

“Propuse imponer al que organice, dirija o administre una red de producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional, la misma pena que para el homicidio simple, es decir, de ocho a 25 años de prisión”, dijo Fernández. En la ley actual las penas máximas para estos delitos oscilan entre los 15 y 20 años.

En el proyecto presentado ayer confluye el trabajo desarrollado durante cuatro años por la Comisión Coordinadora de Política de Drogas, que fuera encabezado por la fiscal Mónica Cuñarro e integrada, entre otros, por los jueces Horacio Cattani, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena. Los fundamentos son contundentes en cuanto al fracaso de la ley actual, que durante 20 años avasalló derechos, “como el principio de reserva y legalidad, el derecho a la salud y el derecho a ser reconocido como ser humano digno conforme los compromisos internacionales asumidos”. “Asimismo, se ha dejado de lado el problema socio-sanitario en particular de los usuarios de drogas”, indica el texto. La ley que se pretende sustituir es considerada “esquizofrénica” porque, entre otras cosas, hace una “identificación de adicto/delincuente que impide un desarrollo serio de las políticas de educación, prevención, asistencia y tratamiento”. Además, y en consonancia con el fallo Arriola de la Corte, se subraya que hoy se pena el uso personal con criterios “paternalistas”, “irracionales”, “perfeccionistas” y violatorios de la autonomía, la privacidad y la intimidad.