EL PERIODISTA OSVALDO PEPE FUE DISTINGUIDO EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

La Legislatura porteña distinguió a periodista Osvaldo Pepe como un reconocimiento a su amplia trayectoria en los medios gráficos y por sus “valores y convicciones”, gracias a una iniciativa impulsada por la Defensoría del Pueblo y el diputado del PS y vicepresidente de la Legislatura, Roy Cortina.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, explicó que “la lectura de Osvaldo, me sirve de guía para poder interpretar la realidad de la Argentina” y que aporta “una visión respetuosa, pero de firmes convicciones”, con una “escala de valores”.

Por su parte, Pepe -luego de recibir el reconocimiento- afirmó que “he sido y soy un periodista no mediático, no hice ni radio ni televisión” en sus 45 años de trayectoria. Agradeció la distinción y con humildad expresó que en realidad “el premio es a una generación que soy parte” y recordó “la sociedad industrial”, “los diarios de grandes tiradas”, “las sucesivas ediciones”, matinales, de la tarde, vespertinas y otras. También subrayó que las dictaduras que asolaron a su profesión y el jaqueo que tuvo la democracia en las diversas asonadas como las de 1987, 1988 y 1990.

El periodista afirmó que siempre fueron “testigos y no protagonistas” de los hechos del país, como muchos colegas con los que compartió redacciones y veladas en la madrugada luego de los cierres de ediciones. “Ese fue un periodismo que pasó y fue hermoso”. Se consideró “un trabajador de los medios gráficos”, que pasó por diversos puestos, desde el más bajo, hasta llegar a ser el editor del diario de mayor tirada del país. Contó que esta noche fue “el cierre de una etapa intensa de mi vida”, ya que en 2017 se jubiló.

Cabe recordar que Osvaldo Pepe se inició en el periodismo profesional en 1972, en la revista Primera Plana. En 1973 pasó por los diarios Democracia y Mayoría. En 1976 ya trabajaba en la revista Goles, diario El Cronista, La Tarde (de Timerman) y editaba fascículos en la editorial Abril. Luego del golpe de estado, se conformó el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). La flamante dictadura censuró y logró el cierre de los diarios Mayoría y El Cronista.

Pepe se quedó sin trabajo, pero luego lo consiguió en la revista deportiva Goles. Realizó la cobertura del mundial 1978 que se realizó en Argentina. En 1980, junto a tres compañeros, publicó un valiente reportaje al flamante Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Trasladado a la revista Radiolandia 2000, finalmente en 1981 fue despedido por pedido del vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, el cual ejerció la presidencia del gobierno facto durante 11 días.

Pepe prosiguió como columnista en la agencia DYN (Diarios y Noticias). Luego, lo nombraron secretario de redacción del diario La Voz. Con el regreso de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, empezó a trabajar en La Razón, como secretario de redacción. Y desde 1994 hasta su retiro, a fines de 2017, se desempeñó como editor y secretario de redacción en el diario Clarín.

 

MURIÓ ISABEL CHICHA MARIANI, UNA DE LAS FUNDADORAS DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Chicha Mariani buscó desde durante más de 40 años a su nieta Clara Anahí Mariani Teruggi, que tenía tres meses cuando fue secuestrada y desaparecida en noviembre de 1976 en medio de un operativo que supervisó, de manera personal, Miguel Ángel Etchecolatz, entonces director de investigaciones de la Policía de Buenos Aires.

Chicha fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, asociación a la que perteneció hasta 1989. En 1996 creó la Asociación Anahí, en honor a su nieta desaparecida.
Se casó en 1951 con el director de orquesta y violinista pampeano Enrique José Mariani (1921- 2003). En 2007, la Legislatura porteña la galardonó con un diploma de honor por su tarea a favor de los derechos humanos.
Marianihabía sido internada el 11 de agosto tras sufrir un ACV y desde entonces su estado de salud era reservado. Tenía 95 años.

IMPULSAN UN PROGRAMA PARA PREVENIR SUICIDIOS EN LA CIUDAD

Los legisladores de Evolución Leandro Halperìn, Inés Gorbea y Patricia Vischi presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para que la Ciudad adhiera a la Ley Nacional Nº 27.130 de “Prevención del Suicidio”, con el objetivo prevenir y brindar asistencia a personas en riesgo y a familiares de víctimas de suicidio a través de la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica.

La medida se basa en cuatro ejes centrales: “la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias víctimas del suicidio”, “el abordaje interdisciplinario e interinstitucional de la problemática de suicidio”, “la elaboración de estadísticas sobre el suicidio en la Ciudad e investigaciones que ayuden a entender y atender el problema de suicidio” y “la formulación y desarrollo de acciones, estrategias y programas integrales orientados a la prevención, atención, posvención y detección temprana del suicidio”.

Asimismo, establece que el sistema de salud pública y sus respectivos efectores, hospitales y Centros de Salud porteños, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias, que comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación.

En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “en la Argentina 3.139 personas se suicidaron en 2016 según datos de la Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS)” y destacaron que “por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada año; asimismo, no podemos dejar de tener en cuenta que el suicidio tiene un impacto negativo para las familias, personas de su entorno e instituciones cercanas”.

“Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante, es por ello que, en la prevención del suicidio hay que tener en cuenta la modalidad clínica con la que se presenta”, manifestaron y precisaron que “en ningún caso hay que banalizar el intento suicida, ya que el 20% de las personas que lo intenta una vez, vuelve a realizarlo al cabo de un año y el 50%, luego de cinco”.

IMPULSAN UN PROYECTO PARA ACTUALIZAR LA APLICACIÓN DEL DESAFUERO DE LOS LEGISLADORES

 

La iniciativa busca reglamentar, sistematizar y ordenar lo establecido en el artículo 69 de la Constitución. Además prevé que los jueces no tengan que pedir autorización al Congreso para llevar adelante medidas judiciales como allanamientos o intervenciones telefónicas.

 

20 de agosto de 2018

El diputado nacional de Chubut por Cambiemos Gustavo Menna presentó en el Congreso un proyecto de ley que tiene como objetivo reglamentar la figura constitucional del desafuero de los legisladores nacionales, actualizar los casos en los que procede la medida e indicar plazos y metodologías en los que se debe resolver, con el objetivo de agilizar la medida.

En este sentido, la iniciativa prevé que no queden sometidas a autorización de las cámaras del Congreso de la Nación las medidas dispuestas por jueces para investigar y producir de pruebas que afecten a un legislador tales como allanamientos, secuestros, intervenciones telefónicas o de comunicaciones digitales, o el levantamiento del secreto bancario o fiscal.

“Someter la ejecución de tales medidas a la previa aprobación parlamentaria importa tanto como frustrar el resultado de dichas diligencias, que necesariamente demandan secreto y reserva para que sean eficaces”, planteó Menna.

La presentación del proyecto fue acompañada por los legisladores Miguel Bazze (UCR, Buenos Aires), Alicia Terada (Coalición Cívica-ARI, Chaco), Luis Mario Pastori (UCR, Misiones), Lorena Matzen (UCR, Río Negro), Nadia Lorena Ricci (UCR, Santa Cruz), Mario Horacio Arce (UCR, Formosa) y Gonzalo Del Cerro (UCR, Santa Fe).

El proyecto tiende a clarificar que “los únicos funcionarios públicos alcanzados por la prerrogativa de la inmunidad de arresto en el texto de la Constitución Nacional son los legisladores”, indicó Menna, al tiempo que también dejó en claro que la inmunidad no es de proceso, lo cual no deriva, indicó, de la garantía prevista en el artículo 69 de la Constitución que veda el arresto, salvo en el caso de que sea detenido in fraganti.

En cuanto al desafuero de los legisladores nacionales, Menna introduce en su proyecto el hecho de que el pedido puede ser formulado “por jueces federales o por jueces nacionales ordinarios, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

 

Supuestos, suspensión y remoción

Asimismo establece los supuestos en los que puede solicitarse un desafuero, todos vinculados a la restricción de la libertad ambulatoria: “Incumplir el legislador con una convocatoria a prestar declaración como imputado, o por no prestarse a cumplimentar con cualquier acto procesal cuya inejecución impida la prosecución de una causa; por haberse dictado una prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción más atenuada pero que limite la libertad ambulatoria; por haber sido detenido en flagrancia; y por haberse dictado una condena con pena privativa de la libertad”.

En cuanto a las condenas, el proyecto prevé que “cuando existen recursos pendientes de resolución, el desafuero procede de todas formas, ya que ha existido en el caso un juicio oral y público con plenitud de debate y producción de pruebas, y da lugar a la suspensión del legislador a los fines de que cumpla con la sentencia privativa de la libertad”.

“En cambio -aclaró Menna- cuando se trate de una sentencia condenatoria firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, el otorgamiento del desafuero implica también la remoción definitiva del legislador, debiendo en tal caso la Cámara incorporar al suplente y recibirle el juramento”.

Procedimiento abreviado. La norma busca además “estructurar un procedimiento sencillo y abreviado que mantiene los plazos de la ley 25.320 (60 días para que emita dictamen la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara que corresponda y 180 días para ser tratada por la Cámara con o sin despacho)”.

Y establece que “si el pedido desafuero está motivado en la incomparecencia del legislador a la citación a indagatoria o audiencia como imputado según la denomine el ordenamiento local, bastará con la acreditación de tal incumplimiento”, en tanto que “en el caso de originarse el pedido en el dictado de un auto de prisión preventiva o medida de coerción más atenuada, el pedido debe venir acompañado por la totalidad de las constancias de la causa, debiendo verificarse en el ‘examen del mérito del sumario’ la competencia del tribunal requirente, el cumplimiento del debido proceso legal y que no existan recursos pendientes de resolución. Es decir, tal como lo viene sosteniendo la Cámara de Diputados, se exige que la resolución se encuentre firme”.

“En ambos supuestos -añade Menna- el proyecto aclara que, en línea con lo que establece el artículo 70 de la Constitución, el otorgamiento del desafuero importa la suspensión del legislador, la que perdurará hasta que fuese dejada sin efecto la privación de la libertad, sin que dé lugar por esa misma razón a la incorporación y toma de juramento del suplente”.

En síntesis, la propuesta busca “ordenar y sistematizar la cuestión” del desafuero, “siempre bajo la premisa de que se trata de una garantía institucional concebida constitucionalmente únicamente para los legisladores, y que atento su carácter de privilegio debe ser considerada de carácter excepcional y funcional, sin afectar en ningún caso el desarrollo del proceso ni entenderse como una inmunidad de jurisdicción para poner a salvo al legislador de ser enjuiciado penalmente”, finalizó Menna.

DIPUTADOS DE LA OPOSISIÓN RECLAMARON UNA SOLUCIÓN PARA TÉLAM

Los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados se unieron para pedir la reincorporación de todos los trabajadores despedidos de la agencia Télam, e instar a la apertura de una mesa de negociaciones con las representaciones gremiales, que desemboque en la inmediata recuperación del servicio periodístico.

“Instamos a que, en el marco de un debido diálogo institucional, se dispongan las medidas que permitan retrotraer la situación a la que existía a inicios del conflicto y se inicien conversaciones entre las autoridades y las representaciones gremiales para debatir los términos de la continuidad de la empresa”, señala una carta enviada al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y al titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

El texto está firmado por los jefes de las bancadas opositoras: Graciela Camaño, del Frente Renovador; Agustín Rossi, del Frente para la Victoria; Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista; Nicolás del Caño, del PTS-Frente de la Izquierda y los Trabajadores (FIT); y Leonardo Grosso, del Peronismo para la Victoria.

El pronunciamiento se suma a otras varias expresiones de diversos bloques en rechazo a los despidos y en favor de una instancia de negociación sólida, que destrabe el servicio de la agencias, paralizado desde el 26 de junio.

LOS METRODELEGADOS PARALIZARÁN HOY TODAS LAS LÍNEAS DE SUBTE Y LIBERARÁN MOLINETES 

Los metrodelegados retomarán hoy las medidas de fuerza en el subte y el Premetro, ante la falta de acuerdo con el Gobierno porteño y la empresa Metrovías por la reapertura de paritarias.

 

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunció que el servicio se paralizará en las seis líneas de subte y el Premetro entre las 13 y 14 de este viernes.

Además, realizarán una apertura de molinetes en las cabeceras de todas las líneas de subte de 12 a 13, y de 14 a 15.

Los metrodelegados argumentaron en un comunicado que "el Gobierno de la Ciudad cerró abruptamente las paritarias en un 13% que, con la inflación de hoy día, no alcanza para nada".

Finalmente, le solicitaron a los pasajeros afectados "que busquen medios de transporte alternativos".

LA LEGISLATURA AUMENTÓ EL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD EN 23 MIL MILLONES 
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura porteña aprobó con 42 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones un pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en el que solicitó introducir modificaciones al Presupuesto General 2018 por un total de 23.500.252.050 pesos.

La medida contó con el acompañamiento de Vamos Juntos, PS, Evolución, MC; la abstención de GEN, BP, UC –las diputadas Lorena Pokoik y Paula Penacca-; y el rechazó de UC –los legisladores Carlos Tomada, Victoria Montenegro y Mariano Recalde-, PTS, PO y AyL.
De esa manera, se destinarán 6.153.700.000 pesos en “los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. Estas mayores erogaciones tienen su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo durante el primer semestre del año con las distintas organizaciones gremiales”.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, se estima necesario incorporar al presupuesto vigente 683.200.000 pesos destinados principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de salud y de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación e Innovación.

En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 5.753.200.000 de pesos en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas y programas sociales; conjuntamente, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, las locaciones de

servicio de varios ministerios, los servicios básicos de las dependencias públicas, la redeterminación de precios de los servicios de seguridad privada y de digitalización de infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, los servicios de transporte y limpieza del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y de transporte y alquileres del Ministerio de Educación e Innovación, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluyen 3.648.600.000 pesos destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. Se contempla, además, la ampliación de las transferencias por 2.487.352.050 de pesos.