SANCIONARON LA "LEY BRISA"

La reparación comenzará a regir desde el momento del procesamiento del femicida. Consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual con sus incrementos móviles.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados dio este miércoles sanción definitiva a la llamada "Ley Brisa". La iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro. Recibió 203 votos afirmativos y ninguno negativo.

Está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma). No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las "víctimas colaterales", es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años.
La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso "la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos". Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.
En tanto, la reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares" y con otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios. Por otra parte, la iniciativa garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una "cobertura integral de Salud".
El proyecto lleva el nombre de "Ley Brisa" en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de cinco años años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre de 2015 y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías.

LEY JUSTINA: DESDE AHORA LOS MAYORES DE 18 AÑOS SON DONANTES

Cuando Justina Le Cane entró primera en la lista de espera para un corazón en el Incucai, en agosto de 2017, le pidió a su familia iniciar una campaña para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. Su papá, Ezequiel, la ayudó a crear la campaña "Multiplicate por Siete" que se viralizó con el hashtag #LaCampañaDeJustina. "El concepto detrás del nombre es que si uno es donante, su vida se multiplica por siete al momento de partir", habían explicado.

La campaña que impulsó Justina aumentó el número de inscriptos como nunca antes: de 80 por día se pasó a 330 en los últimos cuatro meses de 2017.

Su muerte mientras esperaba por un corazón que pudiera salvarle la vida conmovió al país entero, y sus papás continuaron más firmes que nunca en busca de lo que tanto quería su hija: ayudar a todos los que están en una situación como la que estuvo ella.

En la actualidad, existen más de 11 mil personas que aguardan por un trasplante.

El pedido que impulsaron los papás de Justina fue sancionar una ley para que todos los argentinos, mayores de 18 años, sean donantes de órganos salvo aquellos que manifiesten expresamente lo contrario.

"Justina nos sigue pidiendo que ayudemos", había expresado visiblemente emocionado Ezequiel Lo Cane, el papá de la nena de 12 años que en noviembre del año pasado murió a la espera de un corazón, que nunca llegó. Hubo una luz de esperanza cuando los papás de Abril Bogado -la nena también de 12 años que murió en un intento de robo- decidieron donar el corazón de su hija para salvar a Justina, pero no resultó compatible.

Es que la norma todavía vigente (Ley 24.193) asegura que "todos los mayores de 18 años son donantes presuntos". Esto significa que en la instancia final es la familia del fallecido quien decide si se concreta o no la ablación, lo que provoca que muchos órganos finalmente no sean donados y quienes están en lista de espera no los reciban.

Otra de las confusiones que generaba la todavía ley es en torno al registro. Las personas que en algún momento expresaron su voluntad de donar no están efectivamente anotados por una falta de cruce de información con el Incucai (Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante).

En este marco, la familia de Justina junto al senador Juan Carlos Marinopresentaron en el Congreso de la Nación una nueva norma que ya ingresó al Senado.

La iniciativa viene a modificar la actual ley de trasplantes, de manera que toda persona mayor de 18 años sea considerado como donante de órganos y, en el caso contrario, que quede explícitamente establecida la voluntad de no serlo.

Esta nueva norma está basada en tres pilares:desmitificar, simplificar y liberar a las familias de tomar una decisión en el momento trágico de la muerte de un ser querido.

"El proyecto busca cambiar el paradigma sobre trasplante de órganos en la Argentina ya que, de prosperar, todos seremos donantes salvo que manifestemos nuestra voluntad en contrario y no sea necesario consultar a ningún familiar para confirmar o rechazar esa decisión", aseguró el legislador.

"La donación de órganos no va a ser una imposición. Se creará un registro para no donantes. O sea que será al revés. Si se aprueba nuestra propuesta, a partir de los 18 años todos somos donantes, salvo que expresemos por escrito nuestra negativa", subrayó el legislador.

El artículo 3 de la nueva ley es la que prevé examinar la documentación del fallecido

PIDEN QUE EN EVENTOS MASIVOS SEA OBLIGATORIO OFRECER ALIMENTOS SIN TACC

El legislador porteño de Vamos Juntos Guillermo Suarez impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que en eventos masivos -a los que asistan más de mil personas- se garantice el expendio de comidas y bebidas sin TACC, siendo obligatorio que se ofrezcan como mínimo la opción de dos menús o productos alimenticios aptos para celíacos de consumo seguro, libres de gluten.

De esta manera, para que no se contaminen los alimentos, el organizador del evento deberá contar con un sector de cocina dedicado exclusivamente para tal fin, adaptando el ambiente de elaboración a través de una separación física donde se aloje la materia prima, los utensilios, las maquinarias, las unidades de cocción y de frío, destinados a la elaboración de los alimentos libres de gluten. En caso de no poder realizar estas operaciones en forma segura, se podrá optar por ofrecer un menú listo para el consumo en envase cerrado o un producto semielaborado cerrado, conservados en heladera o en freezer hasta el momento de calentar y/o servir, siempre que proceda de un elaborador de alimentos libres de gluten autorizado por la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional correspondiente.

Asimismo, la medida establece que quienes no cumplan con la norma serán sancionados con multas que oscilarán entre 500 a cinco mil unidades fijas, es decir penas económicas de hasta 55.700 pesos.

En los fundamentos de la medida, Suarez explicó que “la enfermedad celiaca es una patología de origen poli-genético que se presenta como una enteropatía provocada por una reacción auto inmune a proteínas del gluten, hordeínas y secalinas” y remarcó que “según datos de la Asociación Celíaca Argentina y del Ministerio de Salud de la Nación se estima que en nuestro país uno de cada cien habitantes es celíaco; este padecimiento puede ser propio de adultos y niños, aunque se sabe que por cada hombre diagnosticado como celíaco, hay dos mujeres con el mismo diagnóstico”.

Mientras que en relación a los eventos y espectáculos públicos masivos, el legislador afirmó que “los puestos gastronómicos que se encuentran habilitados para el expendio de alimentos y bebidas, no cuentan con una oferta saludable apta para celíacos de forma regular, privando así a las personas que padecen la enfermedad de acceder al consumo de algún producto libre de TACC” y consideró que “incorporar esta opción saludable para toda la población, cumple la función primordial de facilitar la adhesión a la dieta por parte de las personas ya diagnosticadas pero también contribuye como una bandera publicitaria capaz de alcanzar a la población silente”.

La medida lleva la firma de los diputados de Vamos Juntos Gastón Blanchetiere, Paola Michielotto y Hérnan Reyes.

 

ABORTO: SE ESCUCHARÁN A MÁS DE 60 EXPOSITORES ANTES DE LA FIRMA DEL DICTAMEN
El Senado escuchará a más de 60 expositores antes de la firma del dictamen sobre la despenalización y legalización del aborto. A lo largo de todo el mes de julio, las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales verán desfilar a abogados, médicos, exfuncionarios y especialistas que aportarán su visión sobre el texto aprobado en la Cámara de Diputados.

Las jornadas de ponencias serán siete y se llevarán adelante los martes a partir de las 14 y los miércoles desde las 10 -por el receso de invierno, la Cámara alta no tendría previsto sesionar-. Así se definió este martes en la primera reunión plenaria, donde senadores a favor y en contra de la ley ratificaron la intención de firmar dictamen el 1 de agosto y llevarlo al recinto el 8.

La lista de expositores -que incluye 56 pero se ampliará en las próximas horas- fue confeccionada por los presidentes de las tres comisiones, Mario Fiad (Salud), Pedro Guastavino (Justicia y Asuntos Penales) y Dalmacio Mera (Asuntos Constitucionales). Si bien aún no se resolvió quiénes serán los primeros, se conoció que el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, concurrirá el martes 24, el mismo día que el extitular de esa cartera Ginés González García.

Muchos de los invitados ya pasaron por la Cámara de Diputados. En contra de la ley hablará el exconvencional constituyente Eduardo Menem, y a favor argumentarán el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la titular de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, y la directora del CONICET, Dora Barrancos.

También defenderán la ley representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de Amnistía Internacional; la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci; y Pedro Cahn, de la Fundación Huesped. Y en contra se sumarán la abogada María Angélica Gelli y el constitucionalista Alberto Bianchi, entre otros.
Las exposiciones serán intercaladas, durarán siete minutos y los senadores podrán formular preguntas. Al igual que en Diputados, no hará falta reunir quórum, dado que el plenario finalizó este martes en cuarto intermedio y así se continuará hasta el miércoles 1, fecha programada para la firma de dictámenes.

Durante la reunión de este martes, las senadoras antiabortistas Magdalena Solari Quintana (Misiones), Inés Brizuela y Doria (UCR) y Cristina Fiore (Pares) reclamaron llevar la discusión al interior del país. “No buscamos dilatar el debate, sino enriquecerlo”, argumentó la salteña, y recordó los antecedentes de la Ley de Medios, el matrimonio igualitario y el nuevo Código Civil y Comercial.

La decisión quedó librada a las presidencias de las comisiones, aunque Miguel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal, le bajó el pulgar a la propuesta. “Lo que tenemos que hacer es garantizar un debate democrático y representativo”, consideró el rionegrino. Adhirieron a su postura Norma Durango (PJ La Pampa) y Magdalena Odarda (RIO), ambas militantes de la ley, y hasta Ada Itúrrez, que la rechaza.

HOY EL SENADO VOTARÁ EL PROYECTO DE COMUNICACIONES CONVERGENTES

La Cámara de Senadores celebrará este miércoles a partir de las 14 su última sesión antes del receso de invierno, en la que analizará una serie de acuerdos diplomáticos y judiciales, como así también una serie de proyectos entre los que se destaca el de comunicaciones convergentes.

Se trata del proyecto de ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y la Competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones enviado por el Poder Ejecutivo, que obtuvo dictamen la semana pasada en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura del Senado, donde le introdujeron modificaciones al texto original.

El proyecto establece la obligación de “infraestructura compartida” entre los prestadores de servicios, con el objetivo de “acelerar el despliegue de redes y redundar en una disminución de los costos”.

Por otra parte, el Estado podrá disponer de las frecuencias que se le habían otorgado a la empresa ARSAT, con carácter de reserva preferencial, para “la mejora en la oferta y la calidad de servicios móviles”.

Se propone la eliminación de normas que restringen el uso de determinadas tecnologías para la prestación de TV por suscripción; y se dictan medidas de protección a PyMEs y cooperativas que prestan este servicio.

Entre las modificaciones realizadas en comisión, se resolvió retrasar el plazo a cuatro años para que las grandes compañías puedan desembarcar con el cuádruple play en el interior, con el objetivo que las empresas regionales lleguen a estar de igual a igual ofreciéndole al usuario un servicio de calidad y en condiciones de competitividad.

Asimismo, se postergó hasta 2020 -el texto original proponía 2019- la posibilidad para que las telefónicas puedan dar servicios de radiodifusión paga por satélite en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

ARTISTAS CALLEJEROS REPUDIARÁN EN LA LEGISLATURA PORTEÑA LOS CAMBIOS EN EL CÓDIGO CONTAVENCIONAL 
Más de diez organizaciones de artistas callejeros se movilizaran este martes a la Legislatura porteña para repudiar las modificaciones al Código Contravencional, que fueron propuestas por el Gobierno de la Ciudad. El conflicto se debe a que con los cambios que se prevén realizar en la norma, las denuncias por ruidos molestos que provengan de la vía pública podrán ser anónimas y se establecen multas que podrían alcanzar los dos mil pesos, cinco días de arresto o hasta diez días de trabajo de utilidad pública.

En ese sentido, los artistas consideraron que con la reforma “se reforzaría el accionar de las fuerzas represivas contra los artistas callejeros” y advirtieron que “es una medida más del plan de guerra llevado adelante por el Estado contra los trabajadores, de la mano del acuerdo con el FMI”. Asimismo, señalaron que “a la precaria situación que vivimos los artistas, se le suma la ofensiva del Gobierno para cercenar aún más los lugares donde poder trabajar y ejercer un mayor control sobre la calle y el espacio público”.

“Los ataques a los manteros y la persecución y arresto de músicos y artistas callejeros en todo el país es moneda corriente”, señalaron y aseveraron que “para el Gobierno del Ciudad, la música y el arte en la calle es ‘ruido molesto’ y, como tal, debe de ser erradicado”.

Cabe remarcar que el texto presentado por el Ejecutivo porteño prevé modificar el artículo 85 del Código de Contravencional, para que “quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia sea sancionado con uno a cinco de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a mil pesos” mientras que “cuando el origen de los ruidos provengan de la vía pública la sanción será de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, multa de 400 a dos mil pesos o arresto de uno a cinco días”.

“A partir de esta modificación del Código las denuncias pueden ser anónimas lo que es directamente darle vía libre a las fuerzas represivas para arremeter a su antojo contra los artistas que nos encontremos trabajando en plazas, peatonales o cualquier lugar público”, aseveraron los artistas.

La marcha se realizará este martes a las 14 en la puerta del Palacio Legislativo, ubicado en Perú 160, y fue convocada por Músicos Organizados, Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO), Circo Abierto, Cirqueras organizadas, EDP, Actores en movimiento (AeM), Trabajadores de la cultura ambulante (T.C.A), Hablemos de violencia sin carpa, Circo Fuaa!, Payasos con memoria y Unión de Artistas Independientes (U.D.A.I).

BUSCAN MODIFICAR LA LEY DE TALLES EN LA CIUDAD

La legisladora de Evolución Inés Gorbea impulsó en la Legislatura porteña un proyecto para modificar la Ley N° 3.330 de Talles, con el objetivo de que en la Ciudad existan un mínimo de diez talles en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provisión de la indumentaria. Además, establece que los talles deben regirse a través de la tabla de medidas difundida por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) de la serie 75300.

La iniciativa sostiene que los locales que vendan indumentaria quedarán exentos de dicha obligación cuando la venta sean de productos discontinuos o en liquidación por fuera de temporada, circunstancias que deben ser anunciados al público de manera precisa mediante carteles que indiquen dicha situación.

Asimismo, el texto propuesto por Gorbea prevé sanciones para quienes incumplan con la Ley, siendo la “reincidencia” un agravante. Cabe remarcar que de acuerdo de la normativa vigente el titular de un local de indumentaria que incumpla la medida “será sancionado con multa de 300 a 10 mil unidades fijas -es decir, multas de hasta 111.500 pesos-“, en caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días”; mientras que los fabricantes que no cumplan con la Ley son sancionados con “multas que van de 15 mil a 25 mil unidades fijas –es decir, penas de hasta 278.750 pesos-“, en caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la fábrica o taller por un plazo de hasta cinco días.

En los fundamentos de la medida, Gorbea explicó que en la norma actual “la tabla de talles aún no está definida, una ley así permite que los fabricantes hagan trampa y en vez de ofrecer talles mas grandes confeccionan más chicos, es por eso que se necesita una tabla amplia que comprenda talles variados con el propósito de respetar el derecho a la igualdad en las oportunidades de los talles para los consumidores”.

A su vez, la legisladora consideró que con esta norma se “tiende a combatir la discriminación provocada por la fabricación y posterior comercialización de prendas de vestir en donde las medidas excluyen a la mayoría de la población” y que propone “también lidiar contra la discriminación de ciudadanos y ciudadanas que no encuentran su talle en el mercado, habilitando la vía de la denuncia por parte del consumidor o de asociaciones, e incluso la posibilidad de actuar de oficio la autoridad de aplicación, a los fines del control y sancionar aquellos comercios que se encuentren en incumplimiento de la presente ley”.

“La problemática de los talles, se ha vuelto una especie de carga y preocupación para muchos de los vecinos que habitan la ciudad, ya que a pesar de existir una ley, se sigue sin conseguir la gran mayoría de los talles en los comercios; vulnerando de esta manera la desigualdad en las oportunidades, para conseguir talles acorde al cuerpo de cada uno”, advirtió y sentenció que “esta exclusión del consumidor puede causar graves deterioros físicos y mentales, por imponerles que logren alcanzar una perfección irreal para poder vestirse y verse acorde a la moda, y ante esta situación una gran mayoría de los consumidores se ven frustrado al no lograr alcanzar y encontrar su talle en los comercios”.