LA CIUDAD ADHIRIÓ AL REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL
En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña ratificó con 39 votos positivos, 15 negativos y 3 abstenciones la adhesión de la Ciudad al Régimen federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, instituido por la Ley Nacional 25.917. De esta manera el distrito capitalino se comprometió a acompañar los nuevos lineamientos de comportamiento fiscal y financiero establecidos mediante las leyes nacionales.
La firma de dicho Régimen fue celebrada en noviembre del año pasado y la Ciudad de Buenos Aires -junto al Gobierno bonaerense- fue una de las más beneficiadas en términos de variación en el reparto de coparticipación durante el primer mes del año, dado que aumentó sus ingresos por esta vía por un 59,7%.
Algunos de los puntos más relevantes de la norma, tienen que ver con las “Reglas de Transparencia y de Gestión Pública”, las cuales establecen que se debe publicar el presupuesto anual una vez aprobado por el Poder Legislativo respectivo, la proyección del Presupuesto Plurianual y de la Cuenta Anual de Inversión; la utilización de conversores para la obtención de clasificadores presupuestarios homogéneos con los utilizados por el Gobierno Nacional; calcular parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y de gasto público y la modernización de los Sistemas de Administración Financiera, de Recursos Humanos, de Deuda y Administración Tributaria, para las jurisdicciones que correspondan.
Otro de los puntos establece las “Reglas Cuantitativas” a las que las jurisdicciones adherentes deberán ajustar su comportamiento para, entre otros aspectos: que el incremento del gasto público corriente primario no supere la tasa de aumento del Índice de Precios al Consumidor de Cobertura Nacional definido en el marco macro fiscal; destinar el producido por la venta de activos fijos a financiar erogaciones de capital; no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017; aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado durante la etapa de ejecución presupuestaria siempre que estuviera garantizado su financiamiento especialmente destinado a su atención; no incrementar el gasto corriente de carácter permanente durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato; incluir dentro del presupuesto estimaciones del gasto tributario; acordar políticas tributarias de armonización y de no incremento de la presión tributaria; tomar medidas para que el nivel de endeudamiento sea fiscalmente sustentable y elevar los antecedentes y documentación correspondiente al Gobierno Nacional para poder acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al Sector Público no financiero.
Asimismo, en otro capítulo de la norma se crea el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como órgano de aplicación del Régimen de la Ley estableciendo: su asiento en la Ciudad; forma de sanción del reglamento interno del organismo mediante voto por mayoría de los dos tercios (2/3) del total de participaciones asignadas en la Ley Nº 23.548 a las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la periodicidad de sus reuniones; su forma de integración; la posibilidad de que el mismo aplique sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley y las condiciones para que las jurisdicciones adherentes puedan solicitar ante él excepciones a la Ley.
Finalmente, en otro capítulo establece las sanciones que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal puede fijar a las jurisdicciones adherentes; la invitación de adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El debate en el recintoQuien abrió el debate al respecto de la medida fue el legislador de AyL
Fernando Vilardo, quien aseguró que “nosotros votamos en contra y denunciamos que este proyecto es parte de un acuerdo del Gobierno, del radicalismo, del PJ y de gran parte de la dirigencia política” y advirtió que “quieren hacer retroceder la calidad de vida de la población”.
“Este pacto conto con la rápida aceptación de todos los sectores”, señaló y sentenció que “votar este acuerdo es votar porque haya menos becas en el CONICET, es avalar los despidos en el Hospital Posadas y en el INTI”.
A su turno la presidenta de la Comisión de Presupuesto y diputada de Vamos Juntos,
Paula Villalba, explicó que “todos estamos haciendo una apuesta al crecimiento de la Argentina; los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de esta Ciudad, trabajan para que cada uno de sus jurisdicciones hayan más inversiones, que impulsen al sector productivo y hagan crecer las economías regionales, lo cual debería ser reconocido por todos los sectores políticos como lo más trascendente, más allá de la letra fina, con la que podemos diferir en algunos aspectos menores”.
“Otra arista de enorme relevancia que prevé el pacto suscripto, es recuperar el superávit fiscal”, recalcó y señaló que “ni más ni menos que empezar a controlar el gasto corriente para darle solvencia fiscal a las cuentas públicas tanto de la Nación como de todas las provincias”.
Por su parte, el legislador de PTS
Patricio Del Corro indicó que “para nosotros esta ley es de ajuste para el pueblo trabajador, se la quiere hacer pasar como una ley de sentido común pero no se dice a quien se está beneficiando y a quien perjudican” y remarcó: “si fuese tan buena ley, ¿por qué tuvieron que reprimir tan brutalmente a los manifestantes el pasado 14 de diciembre?”.
“Es una ley indefendible, por eso la acompañaron con una brutal represión”, añadió y sentenció que “le bajan los impuestos a las grandes empresas y terratenientes, mientras le roban a nuestros abuelos”.
Por su parte, el radical
Juan Francisco Nosiglia manifestó que “nosotros desde Suma+ y Mejor Ciudad vamos a acompañar esta medida, pero tenemos que hacer algunas consideraciones” y agregó que “saludamos la iniciativa del Gobierno Nacional de establecer parámetros generales de Buenas Prácticas para todo el país”.
Sin embargo, reconoció que “tenemos un Estado con muchos recursos pero la Ciudad no da servicios públicos acordes a los impuestos que cobran, nuestra ciudad está lejos de cumplir con los puntos de la vieja Ley de Responsabilidad Fiscal y a la que hoy estamos adhiriendo”.
A su turno, el diputado del PO Gabriel Solano aseveró que su voto es negativo “porque no votamos nada que sea contra el pueblo argentino, ningún proyecto de rebaja salarial y de confiscación al pueblo va a contar nuestro apoyo” y subrayó que “cuando vemos lo que ocurre en la actualidad y el Presupuesto que esta Legislatura elaboró para este año, nos damos cuenta que nada de lo plasmado en esos textos está ocurriendo”.
“Nadie nos puede decir que la inflación del 12% es cierta, los analistas nos dicen que esa inflación se va a consumir sólo en el primer semestre”, lanzó y completó: “este es un Código de irresponsabilidad fiscal”.
Por otro lado el presidente del bloque Unidad Ciudada,
Carlos Tomada, reflexionó acerca de “cómo llegamos hasta acá en la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo gobierna este distrito desde hace diez años y desde ese momento tomaron sistemáticamente un déficit fiscal, el cual lo cubrieron con más endeudamiento” y se preguntó “¿Cuáles son las cuentas que más lugar perdieron ante el avance de la deuda? La salud y la educación pública”.
“Esto no quiere decir que el Gobierno no haya contado con recursos, el problema es que con los recursos no brindaron soluciones en materia de educación, salud, vivienda, seguridad, etc. sino que además tuvieron que salir a pedir deuda”, precisó y resaltó que “la adhesión a este régimen no representa ningún tipo de racionalidad que nuestro presupuesto necesita, esto implica un ajuste drástico”.
Asimismo el socialista
Roy Cortina anunció que el PS se abstendría en la votación e insistió en que “una Una vez más nos toca tratar una adhesión a un Régimen de Responsabilidad Fiscal impulsado por el Ejecutivo Nacional, con el objetivo supuesto de organizar las cuentas y dar una imagen general del país en términos macroeconómicos” y consideró que “en general estos pactos no se cumplen o se dibujan los números, en América latina en general se pone el foco en los números pero en otros países se pone el foco en la transparencia”.
El diputado oficialista
Hernán Reyes recordó que “esto viene de una Ley del año 1999 y del 2005, lo que habla de una inestabilidad histórica en materia económica; no hemos podido resolver nuestros problemas de deuda, de crecimiento y desarrollo” y respaldó la decisión del Gobierno de tomar nueva deuda, por lo que aclaró que “si la tomamos lo hacemos porque no queremos hacer un ajuste brutal, lo hacemos porque tenemos que asegurar garantías sociales para los sectores más vulnerables y también tenemos que lograr una seguridad económica”.
“La Ciudad va a tener que reestructurar su gasto; nosotros no estamos votando una ley que dice que tenemos que gastar menos que la inflación”, completó.
