CONTRA LAS GRÚAS
El legislador Marcelo Ramal presentó un amparo contra el aumento del acarreo y remoción de vehículos en la Ciudad dispuesto por el Gobierno porteño, y solicitó que el planteo sea tratado durante la feria judicial. A su vez pidió que se dicte una medida cautelar que suspenda la suba del servicio.
El Gobierno porteño dictó la Resolución Conjunta 8/MJGGC/14 por la cual se aumentó un 29 por ciento la tasa de acarreo y remoción de vehículos en la Ciudad, por parte de las empresas STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I), que quedó en 580 pesos y empezó a regir el lunes.
A raíz de ello, el legislador porteño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Marcelo Ramal presentó un amparo y solicitó que el planteo sea tratado durante la feria judicial de enero y que se dicte una medida cautelar que suspenda el aumento del servicio de grúas que está en manos de empresas privadas.
Ramal sostuvo que "el valor del acarreo aumentó más de diez veces desde que la actual administración del Gobierno porteño inició la escalada de aumentos de esa tasa, ya que pasó de 56,7 pesos en diciembre de 2007 a los actuales 580 pesos".
"Ese incremento más que duplica a la evolución de la tasa de inflación, incluso medida a través de indicadores 'no oficiales'", sostuvo el amparo que patrocinan las abogadas Liliana Alaniz y Valeria Díaz.
Para Ramal el aumento, que calificó de "abusivo", busca "revestir al acarreo de un carácter sancionatorio, o sea, de una multa encubierta", ya que la persona que cometió una infracción paga una multa por eso.
La causa quedó a cargo del juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Darío Reynoso, quien comenzó a darle trámite al amparo.
El magistrado pidió opinión a la Fiscalía para que dictamine si corresponde habilitar la feria judicial para analizar el planteo.
Ramal también explicó que en noviembre de 2011 la Legislatura de la Ciudad aprobó la ley 4003 en la que se estableció el marco regulatorio del servicio de estacionamiento regulado de la ciudad y en la que se fijó la creación de siete playas de acarreo.
"En vez de hacerse cargo del servicio, el poder Ejecutivo fue prorrogando sucesivamente la concesión a las actuales prestatarias. Cabe señalar que tales prestatarias vienen gozando de una renovación indefinida de sus contratos desde hace más de una década", denunció Ramal.
Así, para el legislador de izquierda "la actual medida de aumento de la tasa de acarreo refuerza esta ilegalidad y a sus beneficiarios privados, que recibieron la concesión bajo la administración municipal del intendente Carlos Grosso".
