UN PASO RUMBO A LA DESPENALIZACIÓN
El senador recogió el informe de una comisión de expertos que trabajó durante cuatro años. La iniciativa busca despenalizar la adquisición, tenencia y cultivo de drogas para consumo personal. También toma en cuenta el fallo de la Corte sobre el tema.
El senador Aníbal Fernández presentó ayer su proyecto para despenalizar la adquisición, tenencia y cultivo de drogas para consumo personal, en sintonía con el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotráfico”, explicó Fernández durante la exposición de los motivos del proyecto en el Salón Arturo Illia del Senado. Se trata de una ley nueva y no de una derogación de algunos puntos de la anterior, como los proyectos presentados por diputados de varios bloques en el Congreso. La actual legislación, evaluó el senador, “formó parte del fracaso de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados con el tráfico ilícito de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los más débiles”.
El proyecto mantiene la potestad de los jueces federales para dictaminar que se trata de tenencia de drogas para uso personal “cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera que están destinadas al consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros”. Esto vale para todas las sustancias ilegales, ya que el fallo Arriola, emitido en agosto de 2009, se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional sobre la impunibilidad de los actos privados, que no afectan a terceros.
“El que tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión”, indica el artículo 5 del proyecto, que de esta forma mantiene la figura intermedia de “tenencia simple” de la actual Ley 23.737, aunque baja la pena máxima, que era de seis años, y lo convierte en un delito excarcelable. Por otra parte se declara “no punible” la tenencia y uso de hojas de coca en su estado natural, “destinada a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión”.
“Propuse imponer al que organice, dirija o administre una red de producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional, la misma pena que para el homicidio simple, es decir, de ocho a 25 años de prisión”, dijo Fernández. En la ley actual las penas máximas para estos delitos oscilan entre los 15 y 20 años.
En el proyecto presentado ayer confluye el trabajo desarrollado durante cuatro años por la Comisión Coordinadora de Política de Drogas, que fuera encabezado por la fiscal Mónica Cuñarro e integrada, entre otros, por los jueces Horacio Cattani, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena. Los fundamentos son contundentes en cuanto al fracaso de la ley actual, que durante 20 años avasalló derechos, “como el principio de reserva y legalidad, el derecho a la salud y el derecho a ser reconocido como ser humano digno conforme los compromisos internacionales asumidos”. “Asimismo, se ha dejado de lado el problema socio-sanitario en particular de los usuarios de drogas”, indica el texto. La ley que se pretende sustituir es considerada “esquizofrénica” porque, entre otras cosas, hace una “identificación de adicto/delincuente que impide un desarrollo serio de las políticas de educación, prevención, asistencia y tratamiento”. Además, y en consonancia con el fallo Arriola de la Corte, se subraya que hoy se pena el uso personal con criterios “paternalistas”, “irracionales”, “perfeccionistas” y violatorios de la autonomía, la privacidad y la intimidad.
